
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Quintana, se preguntó hoy, 3 de junio, cuándo se llevará a cabo la equiparación de la sanidad penitenciaria a la de la población en general, o lo que es lo mismo, a la sanidad público extremeña, ya que, según demostró, la región lleva siete años de retraso en la asunción de las competencias de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias.
Así lo manifestó Antonio Quintana ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en la que presentó una Propuesta de Impulso a través de la cual pedía al Gobierno regional que asumiera las competencias de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias ubicados en la comunidad autónoma.
Según explicó, la transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Extremeño de Salud (SES) aportaría un valor añadido en la atención a un segmento poblacional con graves carencias y necesidades de salud, a la vez que el SES incorporaría con estas transferencias a profesionales sanitarios expertos y con muchos años de ejercicio.
Formar parte de la sanidad pública extremeña traería otra serie de beneficios,- apuntó-, tales como que las instalaciones de desintoxicación mejorarían su nivel; se daría la oportunidad de mantener cierto seguimiento del paciente, tanto durante el cumplimiento de su condena como una vez en plena libertad; y la credibilidad social de la institución penitenciaria ganaría "bastante" si las personas encargadas de realizar determinadas prestaciones que afectan directamente a los derechos de los internos no dependiera jerárquicamente de la misma institución sobre la que se realizan dichas intervenciones.
Asimismo, Quintana señaló que con la integración de la sanidad penitenciaria en el ámbito del SES se garantizaría un sistema de calidad más eficiente, ya que el actual sistema seguido en el sector penitenciario presenta limitaciones y la falta de equidad, al tiempo que supone la imposición de una pena accesoria a la privación de libertad que sufre este colectivo.Por otro, señaló que habría una adecuación más racional del personal a las necesidades asistenciales de los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, puesto que el personal sanitario de las instituciones penitenciarias es "cuantitativamente poco" con relación al personal sanitario de cualquier red sanitaria pública.

ENMIENDA SOCIALISTA
Por su parte, la diputada del PSOE, Consolación Serrano, presentó una enmienda de adición a la iniciativa del PP, en la que instó, por un lado, a la Junta a que, en el marco del Convenio de Colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Dependencia, continúen las valoraciones correspondientes para las transferencias de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias.
Y por otro, a que las transferencias de dichos servicios sanitarios se produzcan en todo el ámbito del territorio español, dentro de la concepción integral del sistema sanitario que contempla la Ley General de Sanidad y del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Y por otro, a que las transferencias de dichos servicios sanitarios se produzcan en todo el ámbito del territorio español, dentro de la concepción integral del sistema sanitario que contempla la Ley General de Sanidad y del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Al respecto, el diputado del PP rechazó dicha enmienda, ya que, según él, con ella el PSOE "pretende subsumir un derecho competencial y un mandato legislativo dentro de un convenio de colaboración".
Asimismo, Quintana sentenció que el texto propuesto por los socialista es un "desprecio doloso" al Estatuto de autonomía de Extremadura, porque "se está negando a Extremadura ir completando su ámbito competencial y que el propio texto estatutario tenga más peso específico asumiendo dichas competencias".
Igualmente, criticó que la enmienda del PSOE supone una "quiebra" del principio de subordinación a la Ley, y constituye un "exceso" a los límites que la Asamblea de Extremadura no ha de traspasar "nunca".
Finalmente, se procedió a la votación, con la negativa del PP a aceptar la enmienda socialista, por lo que, como era de prever, la Propuesta de Impulso no salió adelante, quedándose en una mera iniciativa fallida.


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