El portavoz de Administración Pública, Justicia e Interior del PP de Extremadura, Antonio Quintana, realizó esta petición en una rueda de prensa que ofreció hoy en Mérida y en la que lamentó que tras la visita del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ayer a Extremadura, "no hay nada nuevo bajo el sol" en esta materia, sino que "es la misma canción" desde el 2004.
Miercoles, 17 de Junio de 2009 Fuente: Europa Press
El PP de Extremadura reclamó hoy al Gobierno regional que "se tome las transferencias de Justicia en serio" y elabore un documento donde cierre este proceso en "un plazo razonable" que cuantificó en un año.
El PP de Extremadura reclamó hoy al Gobierno regional que "se tome las transferencias de Justicia en serio" y elabore un documento donde cierre este proceso en "un plazo razonable" que cuantificó en un año.
El portavoz de Administración Pública, Justicia e Interior del PP de Extremadura, Antonio Quintana, realizó esta petición en una rueda de prensa que ofreció hoy en Mérida y en la que lamentó que tras la visita del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ayer a Extremadura, "no hay nada nuevo bajo el sol" en esta materia, sino que "es la misma canción" desde el 2004.
Ante esta situación, Quintana propuso a la Junta de Extremadura que elabore un documento en el que se recoja "de forma clara y nítida" que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "va a solucionar todas y cada una de las carencias que la justicia extremeña arrastra históricamente", así como la "vieja reivindicación de los empleados públicos de la administración de justicia, la homologación salarial".
Y es que, según señaló el portavoz de Justicia del PP, "cuando se quiere de verdad asumir unas transferencias, se hace abriendo un periodo de negociación que no se dilate en el tiempo sino que tenga una fecha aproximada de cierre de ese documento", resaltó Quintana, quien consideró que "en el plazo de un año estas transferencias tenían que estar perfectamente asumidas", dijo.
En cualquier caso, Quintana aseguró que no tiene "ninguna confianza en que esto sea así", ya que según lamentó, en el encuentro que ayer mantuvo el ministro de Justicia con el presidente de la Junta de Extremadura "vinieron a decir que estas transferencias van a acabar, como siempre, en la carpeta de los asuntos pendientes", dijo.
Según explicó Quintana, las transferencias en materia de Justicia "son buenas para Extremadura", y recordó que el PP ya presentó una iniciativa en la Asamblea, que se aprobó por unanimidad, en la que se instaba a la Junta a asumir estas competencias.
RECURSOS NECESARIOS
En su intervención, Antonio Quintana describió la situación de la justicia en Extremadura como "la suma de las carencias que lastran el sistema judicial en la región", y en ese sentido recordó que la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura apunta que las "carencias son importantes".
Resaltó que "para que la justicia en Extremadura funcione", se necesitan una serie de recursos, como nuevos Juzgados de lo Social en Badajoz, Plasencia, Mérida y en la comarca de Villanueva de la Serena, así como nuevos Juzgados de Primera Instancia tanto en Cáceres como en Badajoz.
También destacó la necesidad de crear "a medio plazo", juzgados de Primera Instancia en Llerena, Villafranca, Villanueva de la Serena, Coria, Zafra, Olivenza y Navalmoral de la Mata, y aumentar en un magistrado las secciones provinciales y en la sala de lo contencioso.
Así, también consideró "lógico y razonable" dotar de videoconferencias a los juzgados y centros penitenciarios "que permitiría celebrar el juicio con el propio interno en el centro", así como el aumento de los equipos psicosociales de los juzgados de familia de Cáceres y Badajoz, así como la creación de nuevos en Plasencia, Mérida y en la zona Villanueva de la Serena.
Finalmente también consideró "fundamental" que la justicia extremeña cuente con un sistema informático que permita el intercambio de datos entre todos los juzgados, tanto de dentro como de fuera de la región.
Todas estas "carencias" deberían estar recogidas, a juicio de Quintana, en el documento final en el que se asuman las competencias en materia de justicia.
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