El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Quintana, solicitó hoy a la Consejería de Administración Pública y Hacienda que no espere un trienio más para sustanciar los Planes de Acción Social, ante lo que recordó que en octubre de 2007 la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley para instar al Gobierno regional a la elaboración de estos planes.
Quintana hizo esta petición hoy ante el Pleno de la Cámara autonómica, en la que preguntó al consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, por la situación en la que actualmente se encuentran estos planes.
Al respecto, Franco informó de que desde la Junta de Extremadura se ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar con los representantes legítimos de los empleados públicos estos Planes de Acción Social, ya que también es un punto incluido en el programa electoral de los socialistas.
En alusiones a la actual sictuación de crisis económica, el consejero matizó que la última declaración que el Ejecutivo autonómico ha realizado con los representantes de los empleados públicos es “nuestra absoluta disposición” a negociar con dos requisitos previos. Por un lado, lo que se negocie debe afectar al conjunto de empleos públicos, y por otro, los efectos económicos de aplicación serían en cualquier caso una vez superada la etapa de crisis.
Quintana hizo esta petición hoy ante el Pleno de la Cámara autonómica, en la que preguntó al consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, por la situación en la que actualmente se encuentran estos planes.
Al respecto, Franco informó de que desde la Junta de Extremadura se ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar con los representantes legítimos de los empleados públicos estos Planes de Acción Social, ya que también es un punto incluido en el programa electoral de los socialistas.
En alusiones a la actual sictuación de crisis económica, el consejero matizó que la última declaración que el Ejecutivo autonómico ha realizado con los representantes de los empleados públicos es “nuestra absoluta disposición” a negociar con dos requisitos previos. Por un lado, lo que se negocie debe afectar al conjunto de empleos públicos, y por otro, los efectos económicos de aplicación serían en cualquier caso una vez superada la etapa de crisis.
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