El Diario Oficial de Extremadura publicó ayer un decreto del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por el que se asignan a la Consejería de Administración Pública y Hacienda las competencias en materia de Administración de Justicia .
En virtud de este decreto, dicha consejería no sólo asume las funciones que ya se venían ejerciendo de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sino que también será la encargada de impulsar y desarrollar el proceso de negociación para el traspaso de las competencias y los servicios de la Administración de Justicia a Extremadura.
Las competencias de Justicia aparecen recogidas en el artículo 44.1. a) del Estatuto de Autonomía. Su transferencia supone que los funcionarios, edificios y medios con que cuenta la Administración central en la región pasarían a depender de la Junta. Serían en torno a 1.500 trabajadores, entre funcionarios e interinos.
No se transfiere, sin embargo, a los jueces, fiscales y secretarios, que pertenecen a cuerpos de ámbito nacional que siguen dependiendo de la administración del Estado.
Con este traspaso y tras 25 años de autogobierno, se culminará el proceso de transferencias de las competencias asumidas mediante el Estatuto de Autonomía.El consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, pedirá la próxima semana al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se inicien las conversaciones y se constituyan los grupos trabajo que conduzcan al traspaso.
Traspasos a Agricultura
Además, el decreto del presidente determina que las competencias de la Consejería de Economía en materia de incentivos y promoción de la agroindustria y la acuicultura, incluido el control del fraude agroalimentario, y las competencias relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, se atribuyen a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
En virtud de este decreto, dicha consejería no sólo asume las funciones que ya se venían ejerciendo de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sino que también será la encargada de impulsar y desarrollar el proceso de negociación para el traspaso de las competencias y los servicios de la Administración de Justicia a Extremadura.
Las competencias de Justicia aparecen recogidas en el artículo 44.1. a) del Estatuto de Autonomía. Su transferencia supone que los funcionarios, edificios y medios con que cuenta la Administración central en la región pasarían a depender de la Junta. Serían en torno a 1.500 trabajadores, entre funcionarios e interinos.
No se transfiere, sin embargo, a los jueces, fiscales y secretarios, que pertenecen a cuerpos de ámbito nacional que siguen dependiendo de la administración del Estado.
Con este traspaso y tras 25 años de autogobierno, se culminará el proceso de transferencias de las competencias asumidas mediante el Estatuto de Autonomía.El consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, pedirá la próxima semana al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se inicien las conversaciones y se constituyan los grupos trabajo que conduzcan al traspaso.
Traspasos a Agricultura
Además, el decreto del presidente determina que las competencias de la Consejería de Economía en materia de incentivos y promoción de la agroindustria y la acuicultura, incluido el control del fraude agroalimentario, y las competencias relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, se atribuyen a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
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